La ley de la dependencia, una de las normas bandera del Ejecutivo socialista, sufrirá una de las primeras cercenaduras del "severo plan de ajuste" anunciado por el PP. La reforma endurecerá las condiciones de acceso a la prestación y dejará sin esta a 165.512 personas a las que se les ha reconocido un grado de dependencia moderado y están a la espera de que se les conceda la ayuda.Y se hará por vía de urgencia antes de febrero para impedir la entrada en vigor del calendario de aplicación de los nuevos baremos para dependientes y acabar con el "coste inasumible", según el entorno del futuro presidente, Mariano Rajoy, de 6.000 millones de euros anuales que supondría a los presupuestos de los gobiernos central y autonómicos.
"La modificación se centrará en redefinir quién tiene derecho a prestación y a qué cuantía", según fuentes populares, que confirman que se tratará de una decisión rápida para demostrar que Rajoy va en serio en la lucha contra el déficit.
En la calle de Génova se espera que la reforma sea anunciada en el discurso de investidura, el día 19, "para agilizar y poner en orden" una ley a la que el PP siempre ha puesto peros. Los dirigentes del PP ya han tratado el cambio con las autonomías. Solo cuentan con la moderada oposición del País Vasco y el rechazo frontal de Andalucía, aunque este último confían en que deje de existir tras las elecciones autonómicas, antes de marzo.
SIN RESPALDO ECONOMICO El PP contará con el apoyo de CiU. Su portavoz en la materia, Carles Campuzano, cree que la ley hay que "repensarla" para "garantizar la sostenibilidad del sistema". En el mismo sentido, el coordinador de política autonómica del PP, Juan Manuel Moreno, opina que la norma "es sensata, pero no tiene viabilidad". Su principal argumento es que la ley carece del respaldo económico suficiente y su coste repercute en los presupuestos autonómicos. Las autonomías aportaron el año pasado 3.551 millones de euros y la Administración General del Estado 2.625 millones, el 52% y el 39%, respectivamente. Las aportaciones particulares o copago cubrieron el 9% restante.
La reforma, según el proyecto del PP, afectará a los actuales baremos y endurecerá las condiciones médicas para acceder a los grados de dependencia severa o gran dependencia. Además, de entrada, dejará fuera a las más de 165.000 personas a las que se ha reconocido un grado moderado y que están en lista de espera. Pero la paleta de recortes de los populares revisará también la red de atención familiar y las ayudas a los cuidadores no profesionales a las que se acogen el 57% de los dependientes. Además, se generará un sistema dual dando entrada a los seguros privados. La Administración se limitaría a aportar una especie de cheque y el afectado debería abonar, si puede, el resto.
Otra razón para revisar la ley es hacer frente a las más de 5.000 denuncias ante los tribunales por parte de dependientes a los que se les han reconocido ayudas pero se les ha parado el proceso y no se les han hecho efectivas, a pesar de que un acuerdo del Consejo Territorial de Dependencia, donde están representadas las comunidades y el Gobierno, fijó en mayo un retraso máximo de seis meses.
La reforma podría dejar sin efecto el decreto del Gobierno que fija que, dentro de un año, las denuncias serán resueltas por los juzgados de lo social en lugar de por la vía contencioso-administrativa, que conlleva una demora media de cinco años. "Si reforman la ley las denuncias podrían quedar en papel mojado y miles de personas, sin recibir un euro", teme el presidente de la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales, José Ramón Ramírez.
